El conflicto entre el Gobierno Nacional y las universidades públicas sumó una nueva escala. Después de que la Justicia declarara constitucional la ley de financiamiento universitario y ordenara su aplicación inmediata, el Ejecutivo decidió apelar el fallo. La medida generó una respuesta inmediata de docentes, estudiantes y rectores, quienes ya convocaron a una nueva movilización.